La nueva Ley de Contratos del Sector Público: 10 implicaciones clave

by José Luis Pérez marzo 09, 2018
La nueva Ley de Contratos del Sector Público: 10 implicaciones clave

Después de un año de tramitación parlamentaria, y casi dos años de retraso con respecto al plazo fijado oficial, la nueva Ley de Contratos del Sector Público finalmente entró en vigor en España el 9 de marzo, 2018. Su propósito principal es lograr la transparencia en la contratación pública, convirtiéndola en un instrumento eficaz para establecer políticas nacionales y europeas en diferentes sectores.

Junto con el Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor en Mayo de 2018, la Ley de Contratos del Sector Público es considerada como una de las regulaciones más importantes en el área de Administración Pública. Pero, ¿cuáles son sus implicaciones clave, y quién se beneficiará de ellas?

Introducción a la LCSP

La contratación pública tiene un papel fundamental en la economía española: su contribución al PIB de España varía entre los 14% y los 20% dependiendo de las fuentes consultadas. Por esta razón, el establecimiento de regulaciones eficientes es clave para proporcionar un mecanismo funcional para la gestión de recursos públicos y mejorar la satisfacción del consumidor.

La introducción de la nueva Ley de Contratos del Sector Público facilitará el acceso a los procedimientos de contratación para las PYMES, fomentando la transparencia y asegurando las mejores prácticas respecto a los empleados y los impuestos para los contratistas.

1. Propósitos principales

La nueva ley fue establecida con los siguientes propósitos:

  • Lograr transparencia en la contratación pública implementando mejores prácticas y facilitando el acceso a la información relacionada con la ejecución de los contratos.
  • Establecer la relación de calidad-precio como principio clave en los servicios públicos, implementando criterios sociales y medioambientales para la empresas que entran en contratos con el sector público.
  • Facilitar la entrada a los procesos de contratación pública para empresas pequeñas y medianas, introduciendo nuevos instrumentos regulatorios como la discriminación positiva y la simplificación de las acreditaciones de solvencia.
  • Hacer que la contratación pública se convierta en un instrumento eficaz para implementar políticas sociales, medioambientales, promoción de las PYMES, y defensa de la competencia.
  • Fomentar la implementación de medios electrónicos en los procedimientos de contratación para alcanzar una eficiencia y transparencia máxima.

2. Organizaciones afectadas por la nueva Ley de Contratos

Según el Artículo 3.1 de la ley, las siguientes organizaciones se verán afectadas por las regulaciones:

Categoría 1 – Administraciones Públicas

  • La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, y las entidades que integran la Administración Local.
  • Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las universidades públicas, las agencias estatales, y otras entidades en el sector público que tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
  • Las asociaciones con personalidad jurídica.
  • Y otros – consulta la lista completa.

Categoría 2 – Contratos de poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas

  • Las fundaciones públicas.
  • Las mutuas colaboradoras en la seguridad social.
  • Los fondos con personalidad jurídica.
  • Las entidades con personalidad jurídica creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.
  • Y otros – consulta la lista completa.

3. Beneficios para las PYMES

Como resultado de la nueva regulación, las empresas pequeñas y medianas tendrán un acceso facilitado a los procedimientos de contratación, pudiendo acceder a toda la información necesaria en la plataforma oficial de Contratación Pública.

Otros factores que las benefician incluyen la división de los contratos en lotes, la simplificación de los requisitos de documentación, y regulaciones específicas a favor de los subcontratistas como el pago directo por la autoridad de contratación.

4. Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público

Las revisiones de la ley de contratación pública están principalmente enfocadas en los contratos de obra, la gestión de servicios públicos, las colaboraciones público-privadas, y los contratos de suministro y servicios.

Como regla general, sujetos a las regulaciones armonizadas son todos los contratos considerados por el legislador comunitario como contratos de interés para las administraciones y organizaciones públicas.

Por esta razón, estos contratos son sujetos a normativas publicitarias y procedimientos de adjudicación especiales cuyo objetivo es abrir la oferta pública al mayor número de competidores posible.

5. Contratos menores

La nueva ley tiene como objetivo reducir el uso y la cantidad excesiva de los contratos menores, implementando nuevos requisitos para alcanzar una transparencia máxima. Los contratos menores podrán aplicarse únicamente como contratos de obra (con un límite de 40.000 euros) y contratos de suministro y servicios (con un límite de 15.000 euros).

A continuación, el órgano de contratación debe emitir un informe específico justificando la necesidad de un contrato menor.

6. La duración máxima de los contratos

Los contratos regulados por la nueva LCSP están sujetos a una duración máxima, con el objetivo de fomentar la competencia y proporcionar más oportunidades a las empresas que ofrecen sus servicios en el sector público.

Como regla general, la máxima duración del contrato debe responder a la naturaleza, las características, y los parámetros financieros de los servicios contratados. Si el órgano público decide extender la duración del contrato, la empresa debe ser notificada con 2 meses de antelación.

La ley establece la siguiente duración de algunos contratos

  • Contratos de concesión de obras y de servicios que comprendan obras: 40 años.
  • Contratos de concesión de servicios que no comprendan obras: 25 años para los no sanitarios, y 10 años para los sanitarios.
  • Contratos de suministro, arrendamiento de bienes muebles y servicios de prestación sucesiva: 5 años.
  • Contratos de servicios de mantenimiento: la duración corresponderá a la vida útil del producto contratado.

7. Los efectos de la ley sobre los empleados

La nueva Ley de Contratos del Sector Público introduce nuevas medidas para la protección de los derechos de los empleados en términos de igualdad e integración social. Estas medidas fomentan el uso de acuerdos laborales colectivos específicos a la industria en vez de acuerdos específicos a la empresa, con el objetivo de controlar mejor la implementación de las mejores prácticas.

Otros efectos que resultan beneficiosos para los empleados incluyen la exclusión de las compañías que presentan ofertas inusualmente bajas, la implementación de provisiones específicas para empleados sustitutos, y penalizaciones para los contratistas que retrasan el pago de salarios.

En último lugar, la nueva Ley prohíbe la formación de contratos con empresas que no cumplen con los requisitos de contratar a un mínimo de personas con discapacidades, o que no cumplen con los planes de igualdad.

8. Capacidad y solvencia de los contratos

La Ley establece nuevas regulaciones respecto a los requisitos de los contratos a favor de las PYMES, como:

  • Fomentar la competición entre las empresas pequeñas y medianas bajando los requisitos de experiencia mínima, para los contratos de obra, la experiencia mínima ahora es de 5 años (antes fue de 10 años), y la de contratos de suministro y servicios ahora es de 3 años (antes fue 5 años).
  • Se reconoce de forma explícita que las uniones temporales empresariales pueden integrar su capacidad de solvencia a través de medios de terceros.
  • Cualquier modificación de los contratos ahora requiere de una autorización previa del órgano de contratación.

9. Precio

La nueva Ley de Contratos del Sector Público también introduce algunas modificaciones respecto a los precios y la calidad de las ofertas. En efecto, se mantienen los controles previos sobre la prohibición de los contratos fraccionados, pero se introduce la posibilidad de dividirlos en lotes para fomentar la competencia entre empresas. Desde ahora, ya no se necesitará justificación para dividir los contratos en lotes como era antes de la implementación del LCSP.

A continuación, otra frontera para las PYMES que la nueva regulación busca superar es la eliminación de las garantías provisionales que se requerían de las empresas durante la crisis. Ahora, las garantías provisionales se pedirán solo en casos excepcionales.

Con la introducción de la ley, el valor estimado del contrato no solo incluirá los conceptos tradicionales como el IVA y el importe total, pero también los costes derivados de la aplicación de las regulaciones laborales actuales, el coste de ejecución material, y los gastos generales y de estructura.

10. Relación calidad-precio

Otra modificación importante que viene con la nueva revisión de la ley es respecto a los criterios de evaluación de las ofertas. Tradicionalmente, las entidades del sector público identificaban la mejor oferta aplicando el principio de la oferta “más económicamente ventajosa”, teniendo en cuenta la calidad, el precio, el plazo fijado, los costes, etc.

Ahora, la Ley de Contratos del Sector Público sustituye a este principio con el principio de “relación calidad-precio”, enfatizando sobre el componente de calidad con el objetivo de favorecer a las PYMES.

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